Informe del Defensor del Pueblo sobre Drogadicción y Patología Dual

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DEFENSOR DEL PUEBLO
2. 3. Drogas.

El problema de las drogas y otras adicciones ha tenido a lo largo de 2002 una especial relevancia. Junto al interés de las quejas tratadas se ha presentado un amplio informe sobre las repercusiones de este fenómeno social en Andalucía (queja 01/407 ), que tuvo entrada en el Parlamento a finales de este ejercicio.

Este Informe Especial pretende ser una aportación más a un grave problema, muy complejo, abordándole desde diversos aspectos y perspectivas: legales, sociales, epidemiológicos,... Además, y de forma específica, se estudian cuestiones y poblaciones en las que las drogas tienen especial repercusión en estos momentos, como es la situación de los consumidores más marginados que forman parte de los colectivos de la exclusión, los pacientes afectados por una patología dual, los internos de los centros penitenciarios con problemas de drogas, los jóvenes que se inician en el consumo, los movimientos sociales, las adicciones comportamentales (juegos de azar), las actuaciones preventivas, etc.; ya que estos conflictos afectan, por una u otra razón, a un sector muy importante de nuestra sociedad.

Para ello, y como objeto de nuestro Estudio, nos hemos centrado en las actuaciones que en esta materia realizan las Administraciones Públicas y la iniciativa Social, lo que configura en Andalucía un modelo público de atención a las drogodependencias.

Bajo esta perspectiva, se ha realizado un exhaustivo informe estructurado en 15 apartados, con suficiente entidad en cada uno de ellos al tratar de forma específica aspectos del fenómeno. En él se ha pretendido abordar múltiples cuestiones planteadas en quejas individuales que afectan a los tratamientos, a los programas y a las formas cómo se ha articulado la Red de Atención y los conflictos que ello plantea; así como ha venido a completar el estudio sobre las distintas alternativas aplicadas sobre el colectivo de afectados.

Con relación a la metodología del Informe hemos utilizado una metodología cualitativa, siendo la muestra de profesionales de 109 encuestas. Además, se ha recogido información directa a través de entrevistas y cuestionarios con pacientes que se encontraban en fase avanzada de tratamientos. Junto a éstos, se han realizado entrevistas personales a representantes de distintos movimientos sociales y a grupos de familiares directamente afectados.

En la muestra sobre la población consumidora en tratamiento, encontramos el siguiente perfil:

Un 83,56% eran varones y mujeres el 16,44%, de los que un 70% viven con sus familias y un 10% viven solos, siendo éstos los que encuentran mayor dificultad para su rehabilitación.

Un 5,8% no tiene estudios. La Enseñanza Primaria la ha superado el 19,18% de los encuestados, mientras el mayor porcentaje, un 53,42%, ha concluido la E.G.B. o ha realizado el Primer Ciclo de la Enseñanza Secundaria, y sólo un 2,74% ha realizado estudios medios y el 1,37% superiores.

A la hora de encontrar trabajo han tenido mayor posibilidades laborales aquéllos que concluyeron la Enseñanza Secundaria, en un 37,5%. Con respecto a las actividades laborales son la hostelería (17,81%) y la agricultura (12,33%) a las que han tenido mayor acceso, siendo el tiempo trabajado para un 21,92% de más de diez años. Supone que durante un período que han estado consumiendo realizaban actividades laborales, y dejan ésta cuando alcanzan un deterioro importante.

El inicio en el consumo se sitúa en torno a los 17 años, y un 30,14% ha consumido entre seis y siete sustancias distintas, destacándose así su carácter de policonsumidores. El consumo de sustancias que predomina es el de heroína y cocaína -rebujo (25% de heroína y 75% de cocaína)- para un 87% de los casos. El período de latencia en el consumo se sitúa alrededor de los diez años (9,45%).

Los recursos que han sido mejor valorados por los pacientes y de los que se encuentran más satisfechos son los de carácter residencial, los denominados Comunidades Terapéuticas. Manifestando en contra una espera muy prolongada para acceder a éstas, que se situaba como media en los 5-6 meses en la época de elaboración del informe, pero que al día de la fecha se ha reducido aproximadamente a la mitad.

Con relación a si han superado el problema de las drogas, sólo un 27,40% considera haberlo hecho en tratamiento, mientras que un 68,49% no lo han conseguido.

Sus mayores dificultades para superar el problema de las drogas están para el 61,64% en la carencia de trabajo, mientras que para el 35,1% lo es por carecer de vivienda propia y pareja estable.

De las opiniones de los profesionales que trabajan en el ámbito de las drogas, concluíamos lo siguiente:

Tienen una situación laboral cronificada muy inestable y precaria (23,85%), al estar vinculados a la Administración mediante contratos de obras y servicios, a pesar de su larga experiencia profesional.

Consideran muy importante la coordinación de la Red Pública de Atención a las Drogodependencias con otros servicios asistenciales que vienen a complementar su trabajo.

Con relación a la coordinación con otros servicios y programas el menos valorado es el Comisionado para las Drogodependencias, por debajo de los Servicios Sociales Comunitarios, Servicios de Salud y la Fundación Andaluza de Atención a las Drogodependencias (FADA).

Con respecto a las propuestas planteadas para mejorar los servicios y recursos asistenciales ven necesario incrementar su número, así como el personal que atiende a los mismos. El mayor énfasis debe ponerse en la prevención de las drogas, los recursos de reinserción social, junto a las necesidades de mejorar los niveles de coordinación que en estos momentos existen dentro de la Red. También consideran necesario supervisar y evaluar los programas, así como incrementar los recursos sociales (Centros de Emergencia Social, apoyo social a los programas de mantenimiento con metadona, intervenciones en centros penitenciarios...).

Con relación a los problemas más graves detectados debemos destacar la situación en los centros penitenciarios, debido sobre todo al escaso control e intervención sobre la población adicta. Ello lleva a que, en muchos casos, empeoren su situación o produzcan un elevado número de muertes por sobredosis, ante la mezcla de metadona con otros opiáceos.

En este sentido, se deben dotar de más medios humanos y materiales dado el amplio colectivo de internos que presentan este problema, más del 65% de la población reclusa. Por ello, resulta importante facilitar los tratamientos en centros terapéuticos en el exterior tal y como dispone el artículo 182 del vigente Reglamento Penitenciario.

Por otro lado, un amplio colectivo de pacientes ha puesto de manifiesto la falta de recursos sociales que les ayuden a iniciar un tratamiento de deshabituación a las drogas. Resulta difícil cuando no existe una familia de referencia, un grupo de ayuda o una motivación personal dejar de consumir, y, además, deben realizar una espera de algunos meses para acceder a un programa de internamiento. Ello nos llevó a afirmar que existen "urgencias sociales" en el tratamiento de las adicciones.

Otro sector de afectados, son el amplio colectivo de pacientes que presenta una patología dual. Son pacientes que presentan junto a un problema de adicción a las drogas un trastorno mental definido. Vienen a estar presentes en estos momentos en más de un 60% de los que se encuentran en tratamiento, y suponen una fuente de conflictos para los familiares y allegados. Si complejo resulta el tratamiento de una adicción a sustancias, cuando se ponen de manifiesto otros trastornos de personalidad llega a ser una situación que no puede ser abordada con los medios actuales de tratamiento. No es justo que las familias estén soportando solas estas situaciones, que no sepan dónde recurrir, qué hacer con sus hijos y cómo pueden encontrar un recurso capaz de estabilizarlos. En estos casos no se puede contar con la voluntariedad del paciente. Es necesaria una acción conjunta de las Administraciones que permita no sólo el internamiento sino un abordaje global de estos conflictos que lleve a estabilizarlos y, posteriormente, a intervenir sobre su adicción.

Con relación al conocimiento de los consumos de las distintas sustancias y sus tendencias, partimos de los estudios realizados hasta la fecha en la Comunidad Autónoma, dentro de la serie de los Andaluces ante las Drogas, la Encuesta Nacional sobre Drogas, la Encuesta Escolar y los datos aportados por el Observatorio de Drogas. De ellos, venimos a concluir que existe una clara disminución en la edad de inicio en el consumo y la vinculación que se produce entre el consumo de drogas legales y la utilización de los videojuegos, máquinas tragaperras,...; en definitiva, de otras adicciones comportamentales.

Así, incorporamos datos de un reciente estudio realizado por la Universidad de Granada, y encargado por las Asociaciones de Jugadores de Azar (FAJER), en el que se viene a concluir, con relación a estas nuevas adicciones, que el 7,4% de los alumnos de los últimos cursos de primaria y de Enseñanza Secundaria han jugado alguna vez o varias a máquinas tragaperras, lotería y cartas; el 2,9% van diariamente a salones recreativos y un 30% pasa entre 1 a 2 horas diarias con los videojuegos. Con respecto al alcohol, existe una baja percepción de riesgo, que lleva a admitir, entre los jóvenes comprendidos entre los 14 a 18 años, que beben mucho en un 7,4% y que un 39% se han emborrachado alguna vez. En cuanto al consumo de cánnabis se sitúa éste en un 21,3%, incrementándose en edades algo mayores, situándose por encima del 25% cuando se superan los veinte años.

Con relación al consumo de cocaína se sigue expandiendo, existiendo, además, otro indicador importante que nos pone de manifiesto la presencia de esta sustancia, como es el enorme incremento de los datos de aprehensión de la misma, así como el hecho de que ha venido a desbancar al consumo de heroína.

Venimos a concluir afirmando que el consumo de drogas, lejos de lo que se pensaba hace unos años, no disminuye sino que se adelanta la edad de inicio y existen sustancias que tienen una presencia importante entre los jóvenes (alcohol, tabaco, cánnabis y drogas de síntesis).

Al mismo tiempo que describimos estas situaciones, observamos una escasa presencia de programas generales de prevención en los distintos ámbitos (educativo, laboral y comunitario), así como un escaso interés o falta de orientación desde la Administración a la hora de actuar en el ámbito de prevención.

En este sentido, hemos realizado una revisión de las distintas alternativas puestas en marcha en estos años, y venimos a concluir, con los datos obtenidos, que existe una escasa presencia de programas y los que existen dan una sensación de auténtico desconcierto. No se ha realizado una evaluación de lo ejecutado hasta ahora o al menos que se haya hecho pública por la Administración. Entendemos, y así se nos ha puesto de manifiesto, que los recursos de prevención son escasos, en algunos ámbitos ridículos y se emplean con escaso rigor técnico.

En el ámbito educativo la implicación de las distintas administraciones con competencia en este área es escasa y con falta de orientación, y en el ámbito comunitario los programas se encuentran dispersos por las distintas Administraciones y la iniciativa social, donde priman más los criterios políticos que un deseo de cambio en la situación.

Con relación a la asistencia, se observa una clara tendencia a homogeneizar programas con la intención de reducir costes económicos, cuando se nos pone de manifiesto por los propios profesionales que existen perfiles distintos de pacientes que requieren de una atención más personalizada y adecuada a su situación, lo que debe suponer una mayor presencia de una variada cartera de servicios y programas acorde a la actual situación.

Hemos detectado en el programa de mantenimiento con metadona, con un importante crecimiento de pacientes que en estos momentos llega casi a los veinte mil, la falta de otros programas de apoyo social que les permitan no sólo estabilizarlos, sino avanzar hacia conseguir el objetivo final de la abstinencia y el abandono del consumo. Existen casi un 50% de los pacientes de este programa que están realizando un consumo compartido con otras sustancias, lo que supone un riesgo no controlado para sus vidas.

También es escasa la presencia de los denominados Centros de Emergencia Social, que aparecían ya como prioridad en el año 2000 y que suponen un primer acercamiento a los programas de tratamiento para las poblaciones más deterioradas.

Con relación a los programas de Incorporación Social, nos encontramos con dos graves problemas, por un lado el nivel de pobreza y por otro el de exclusión social del colectivo. En este sentido, hemos observado que las medidas más demandadas son las de empleo, aunque no se debe perder de vista que esta situación se agrava no sólo por la falta de éste, sino por la escasa capacitación para su desarrollo personal dentro del actual mercado laboral. Los programas que actualmente existen son escasos, cubren a unos pocos y no responden a sus exigencias más inmediatas. Debemos reconocer que el éxito de estos programas no sólo depende de la variable de empleo, sino del desarrollo de habilidades sociales, de los vínculos de convivencia, de la responsabilidad, la autoestima y del manejo de nuevas situaciones. Son estos factores, junto a las medidas de empleo, los que deberán incorporarse en la actual situación.

Con respecto al marco normativo de drogas, y que se sustenta en estos momentos en la Ley 4/1997 de Atención y Prevención en materia de Drogas y su modificación en la Ley 1/2001, ha tenido ésta un escaso desarrollo, como hemos ido recogiendo a lo largo de sus distintos apartados en el Informe. Es por ello necesario realizar una adaptación de la misma a esta nueva situación, donde se aborde el problema de las adicciones a las sustancias en un marco más amplio que vengan a incluir otras adicciones, que, como hemos visto, están presentes en estos momentos.

Otra cuestión que hemos detectado es la diferencia de criterios, de programas, de intervenciones y de orden de prioridades en las distintas provincias. Existen como diversos planes que a veces poco o casi nada tienen que ver en unas provincias con otras, faltan criterios de coordinación desde el órgano responsable, como ha sido puesto de manifiesto por los técnicos de los centros.

Además, existe un buen nivel de implicación de los profesionales, que no encuentran la misma respuesta de escucha ante la Administración. Desconocen como desarrollarán su trabajo en el futuro ya que existen diversas estructuras administrativas para la atención a las drogodependencias con competencias (Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios, Diputaciones, Consejería de Asuntos Sociales o la aparición de una Fundación para gestionar programas). En este sentido se debe profundizar en la definición del modelo, ya que en los últimos años no sólo se ha avanzado sino que se ha producido un claro retroceso hacia un modelo único e integrado de atención.

No obstante, debemos valorar positivamente la puesta en funcionamiento del II Plan de Drogas y otras Adicciones, aunque al mismo tiempo debe presentarse una mayor concreción en sus objetivos, con un calendario claro en su aplicación y un presupuesto acorde a los objetivos que se pretenden.

Así pues, recapitulando lo expuesto hasta ahora concluíamos nuestro Informe Especial con 28 Recomendaciones, que se han agrupado en función de las distintas materias que se han abordado a lo largo del mismo, y que de forma resumida expondremos a continuación:

- Deben crearse programas dirigidos a jóvenes que en estos momentos experimentan con sustancias que suponen riesgos para sus vidas.

- Se debe cambiar el marco normativo de las drogas que venga a regular los tratamientos de todo tipo de sustancias, siguiendo pautas ya existentes en otros territorios, no limitándose éste sólo a la heroína, cuando se observan serios problemas para su aplicación por el desfase del momento en el que viene a realizar.

- Se debe proceder a completar y desarrollar la actual Ley de Drogas 4/1997, para que ésta llegue a ser un elemento útil a la sociedad.

- Recomendamos la existencia de un Plan Estratégico de Prevención de las Adicciones a nivel General, con implicación de las distintas Administraciones y que cuente con la complacencia de los distintos sectores profesionales.

- Recomendamos se incrementen los niveles de participación de los distintos sectores en los órganos creados para este fin en el II Plan de Drogas y otras Adicciones, así como se debe redefinir el papel de la iniciativa social en sus distintas vertientes de intervención (programas, recursos,...).

- El Comisionado para las Drogodependencias debe liderar el papel que le viene reconocido en la Ley 4/1997, de prevención y asistencia en materia de drogas, en su artículo 27. Debe ejercer claramente como órgano de planificación contando para ello con los instrumentos necesarios en función de las necesidades.

Además, se debe romper esa dualidad que en estos momentos se produce entre este órgano y la Fundación Andaluza de Atención a las Drogodependencias.

Hay que adecuar los recursos a los distintos perfiles de los pacientes, incrementando la cartera de servicios que se le presta a la población. En este sentido, debe contemplarse de forma urgente el tratamiento a los pacientes con patología dual, las nuevas adicciones y los jóvenes consumidores de alcohol, cánnabis y drogas de síntesis.

- Refiriéndonos a los recursos asistenciales deben incrementarse éstos en aquéllos que presentan mayor demanda y que cuentan con mayor espera (Comunidades Terapéuticas, viviendas de acogida, viviendas de reinserción). Los recursos de apoyo social son imprescindibles para poder iniciar un programa de deshabituación.

- Con relación a los jugadores patológicos es necesaria una mayor implicación del Sistema Andaluz de Salud en los tratamientos de esta enfermedad. Para aquellos pacientes en situaciones difíciles y en crisis se debería promover un sistema de internamiento en centros.

- Con relación a los movimientos sociales que vienen interviniendo en el ámbito de las drogas mediante la vía de conciertos y convenios de colaboración, se debe tender a garantizar y a ampliar la vigencia de éstos que les permita asegurar su continuidad en el futuro.

- Se deben crear iniciativas dirigidas al empleo, que vengan a mejorar las condiciones de estos colectivos como un sistema que les ayude a subsistir una vez que rompen sus relaciones con las drogas. La actual situación parece impedir la ruptura con la marginación y la exclusión, aunque exista una clara voluntad de abandonar el consumo.

- Y por último, se debe retomar el consenso político que existió hace unos años en esta materia para asumir los nuevos retos que en el futuro se van a seguir planteando con relación a las adicciones.

Además de los aspectos recogidos en el Informe, y a las concluciones con las que se temina, debemos poner de manifiesto la existencia de un bloque de quejas que vienen a recoger las preocupaciones más inmediatas de los ciudadanos en esta materia, con relación a las adicciones.

Con relación con estas quejas que de forma específica afectan a esta materia, se detectan tres bloques muy diferenciados. El primero de ellos hace referencia a aquellos pacientes que se encuentran internos en centros penitenciarios y que presentan un problema de adicción a las drogas, teniendo dificultades por sus circunstancias de acceder a un tratamiento en el exterior. No obstante, desde el Área de Justicia de esta Institución se aborda el núcleo más importante de las mismas. En este sentido, en la queja 01/1312 venía a solicitar la interesada, en su condición de madre del penado, el ingreso en Comunidad Terapéutica dada su situación de toxicómano, cuando éste se encontraba en situación de preventivo. Momento, donde la decisión queda en manos de la Justicia, sin que ello sea óbice para entender la necesidad de recibir una atención a través de los dispositivos existentes dentro de los centros penitenciarios.

Además, detectamos un sector muy importante que requiere una atención sanitaria y social, y que se encuentra próximo o dentro de la exclusión social. Este amplio colectivo, se ve imposibilitado de seguir un tratamiento al carecer de vivienda o lugar donde habitar mientras inician el tratamiento, y así alejarse del entorno de la marginalidad, la calle o el lugar donde habitan. En este sentido, en sus visitas y demandas a esta Institución hemos encontrado las dificultades existentes de ser atendidos por los escasos recursos y plazas con que cuenta la Administración para estos perfiles, y las dificultades de ser atendidos por su condición de toxicómanos en los recursos normalizados (albergues, casas de acogida...). Su realidad se complica aún más cuando solicitan el ingreso en una Comunidad Terapéutica y esta se prolonga durante meses. En este sentido, nos hemos encontrado con quejas que pedían una mayor agilización de su caso por las posibilidades de poder mantenerse abstinente ante la situación de abandono en que viven.

En estos casos, debemos entender que las drogodependencias es un proceso, con lo que la patología adictiva no es algo construido de una vez para siempre. Sino que se va primando como un "elemento determinante de la manera de estar en el mundo", lo que va convirtiendo esa existencia en progresivamente más patológica, a través de afectaciones en los distintos niveles de la persona. Desde esa perspectiva, supone admitir que más que de curación debemos entender que se trata de un acompañamiento a la persona enferma, intentando que la situación patológica se acorte en lo posible o que transcurra con las consecuencias menos graves que se pueda.

Por ello, resulta necesario la creación de más recursos de carácter social que vengan a cubrir las carencias de estas poblaciones.

El otro bloque lo constituyen los enfermos de patología dual. Es decir, aquellos pacientes donde conviven unos trastornos psiquiátricos junto a la adicción a las drogas. Son pacientes que requieren de una atención especial, y que de forma individual o a través de la Asociación de Familiares de Pacientes Duales (AFEDU) se han dirigido a esta Institución para exponernos la angustia en que viven los familiares de los pacientes que presentan estos trastornos. En este sentido, destacar la queja 01/1604 presentada por la Asociación AFEDU, que nos venía a solicitar nuestro amparo ante las Administraciones competentes con relación a toda una serie de situaciones que afectan al ingreso de menores de edad en Unidades de Agudos, donde no existen unidades bien diferenciadas de los adultos, así como la falta de personal especializado para el traslado de los internamientos en Unidades de Agudo. En este caso, el protocolo actual de internamiento en estas Unidades obliga a que transcurran dos años al menos desde un alta para un nuevo ingreso, lo que supedita la enfermedad a un límite temporal.

Ello se complica aún más cuando a los pocos días de su ingreso en las Unidades de Agudos son dados de alta, quedando a merced de la calle sin que exista en ese momento ninguna otra posibilidad de tratamiento, tanto para la enfermedad mental como a su adicción a las drogas. En este caso, se pone de manifiesto la escasa coordinación de los recursos asistenciales de Salud Mental y de Drogas.

Junto a estas situaciones, se venía a recoger los problemas con la Justicia de estos pacientes, por lo que venían a reclamar que se arbitren medidas para que sólo sea un juez el que se encargue de los presos que presenten este diagnóstico. Así, se venía a apuntar la necesidad de que los presos con este tipo de perfil pudieran ser tratados en centros adecuados si existe esta voluntad.

A todas estas cuestiones planteadas, las Administraciones convocadas, el Comisionado para las Drogodependencias y el Servicio Andaluz de Salud, vienen a manifestar que "sería fundamental el conocimiento de la prevalencia del trastorno dual, y que se están dando pasos en esta dirección". También apuntan a que se ha constituido un grupo de trabajo para elaborar un protocolo conjunto de actuación. También, y desde los servicios de drogas se reconoce que "los Centros de Tratamiento Ambulatorio del Plan Andaluz sobre drogas no están diseñados para atender específicamente esta patología, por lo que se les deriva a los Equipos de Salud Mental". Al final, debemos reconocer, como mantiene la propia Asociación en su queja, que estos enfermos son maltratados por los sistemas de atención ante la ausencia de recursos especializados y la ausencia de unos cauces adecuados para su abordaje.

También reconoce la Administración que de los pacientes atendidos en 1999 en los distintos recursos de la Red de Atención a las drogodependencias y que presentan este perfil es de un 11,33% de los atendidos. Cifra ésta muy por debajo de las existentes en estudios y en datos publicados por otras Comunidades Autónomas (Madrid, Cantabria,...).

Esta situación fue además abordada a través de la queja 01/3290, instruida de oficio, en la que se aborda la muerte de una joven drogadicta acaecida en una calle de San Fernando (Cádiz). Este fallecimiento es un claro exponente de los hechos denunciados y recogidos en la queja anterior que hemos comentado, y donde se pone de manifiesto una vez más la falta de atención de estos pacientes. En el propio informe de la Administración, se viene a recoger que desde el Servicio de Drogodependencias de San Fernando se solicitó su ingreso, una vez que abandonó la Unidad de Agudos de Salud Mental, en varias asociaciones (Casa de Acogida para Enfermos de SIDA, Residencia El Madrugador, etc.) y fue desestimado su ingreso por varias razones "desde su toxicomanía, el trastorno mental, la falta de plazas, la no idoneidad del recurso, la falta de personal,...". Para concluir afirmando: "por tanto, entiendo que la asistencia prestada fue la adecuada a las características del caso, no disponiendo de información complementaria sobre las circunstancias que rodearon el caso".

La justificación dada a este caso, podría haber sido entendida, si por medio no existieran convenios con las instituciones citadas con la propia Administración, y no hubiese que lamentar la pérdida de una vida.

Un tercer bloque se refiere a la situación de los servicios, y que afectaron de forma específica a la provincia de Córdoba, con la queja 02/434 y la queja 02/837, donde por parte de los profesionales y los medios de comunicación se puso de manifiesto el deterioro de la asistencia en esa provincia a raíz del cambio del modelo asistencial, que se había realizado sin el consenso de los sectores afectados. Este modelo se basaba en el paso de las consultas de drogas, de forma rotatoria, por los Centros de Salud, en aquellos horarios y disponibilidades que fueran variables.

En ambos casos pudimos comprobar que por parte de las Administraciones existió una actitud de entender que las responsabilidades y cambios operados no estaban en el ámbito de sus competencias, y si habían actuado así se debía a que era algo pactado previamente. En este caso, como recogíamos en nuestro Informe Especial se venía a poner de manifiesto la falta de criterios claros que son necesarios cuando existen varias administraciones implicadas en una tarea (Consejería de Asuntos Sociales, Diputaciones Provinciales y Mancomunidades de Municipios). Se ve, a través de estas quejas, la necesidad de establecer claramente una estructura de coordinación y unos criterios de intervención que defina el modelo asistencial, así como se establezca un modelo de atención homogéneo en todas las provincias.

Con relación a los servicios prestados a los ciudadanos nos encontramos varias quejas que afectan directamente a la prestación de éste. Debemos destacar la queja 02/2729, en la que se puso de manifiesto por parte del interesado, padre de un drogodependiente, la imposibilidad de contar, en el momento que le fue indicada, con una plaza para desintoxicación en una de las unidades hospitalarias existentes. Esta dificultad se vio agravada por el cierre vacacional de la única unidad existente en Sevilla, Cruz Roja de Capuchinos, después del cierre en el 2001 de la Unidad del Tomillar. Al mismo tiempo se había cerrado durante dos meses la de Granada, y, también, comienzos del 2001 la de Málaga había dejado de prestar servicios. De esta forma las únicas seis camas para toda Andalucía para desintoxicación estaban en el Hospital Punta Europa de Algeciras.

Desde el Comisionado para las Drogodependencias se nos vino a decir que "las Unidades de Desintoxicación Hospitalarias dependientes orgánicamente del Servicio Andaluz de Salud, excepto la del Hospital Victoria Eugenia de Cruz Roja de Sevilla, que funciona merced a un concierto con esa entidad. Esta dependencia orgánica supone que el propio Hospital donde se encuentra ubicada la Unidad, organice los períodos vacacionales del personal sanitario adscrito".

Se nos indicaba la existencia de una reunión el 4 de Julio a propuesta del Comisionado para las Drogodependencias con responsables del SAS que "ya estaban definidos previamente y que no eran susceptibles de modificación, quedando estipulado el cierre de Cruz Roja desde la primera quincena de Julio a la primera quincena de Agosto, de Virgen delas Nieges julio y agosto, y Punta Europa en Agosto". Visto el plan establecido entre ambas administraciones, durante quince días de agosto no existía ninguna previsión para la desintoxicación hospitalaria. De esta situación, nuestro reclamante se dirigió a una Institución privada para atender la demanda de su hijo.

En este sentido, nos dirigimos al Servicio Andaluz de Salud exponiéndole, como esta población respetando los criterios y principios recogidos en la Ley General de Sanidad de 1986 y la Ley Andaluza de Salud de 1988 donde viene explicitado el derecho a la universalidad y equidad en el acceso, la concepción integral de toda la red asistencial y la continuidad asistencial; así como en lo establecido en el preámbulo del Real Decreto 63/1995, de 20 de Enero, sobre ordenación de las prestaciones sanitarias. Además, la propia Ley 4/1997, de 9 de Julio, de atención a las drogodependencias andaluza, en su art. 16, dispone que para el adecuado desarrollo de su atención integral al drogodependiente la Administración facilitará el acceso a los servicios y la continuidad asistencial, independiente de quien lo preste.

De esta forma veníamos a insistir que es necesario realizar una asistencia específica, integrada y continuada de la población drogodependiente, que por sus propias características no puede en muchos casos soportar una espera prolongada, ya que ello puede suponer la ruptura de su tratamiento y la pérdida de una oportunidad para recuperarse.

Por último, una de las sustancias que nos hemos vistos obligados a tratar durante este año, por su importancia e incidencia, han sido las denominadas drogas de síntesis. Así, los hechos ocurridos el pasado día 2 de Marzo de 2002, con el fallecimiento de dos jóvenes en una macro-fiesta celebrada en la ciudad de Málaga, en el Palacio de Deportes Martín Carpena, por consumo de "drogas de síntesis". Durante varios meses estos hechos produjeron en la opinión pública una fuerte alarma social, ante la problemática de estas sustancias en la población juvenil, así como se dieron a conocer nuevos casos. Desde 1992 se han producido en España el fallecimiento de 140 personas, siendo de forma directa por éxtasis 38, y el resto presentaban, además, restos de cocaína y opiáceos, según los datos suministrados por el Instituto Nacional de Toxicología.

Por estos motivos, se abrió la queja 02/793 instruida de oficio, en la que se venían a recoger los hechos luctuosos ocurridos en Málaga.

Tras recabar información del Ayuntamiento de Málaga y del Comisionado para las Drogodependencias, desde esta Defensoría, atendiendo al derecho de los ciudadanos a una atención y protección de la salud, se consideró conveniente preservar esta garantía y realizar las siguientes Recomendaciones:
"1. Necesidad de un previo compromiso con los organizadores de estos eventos, donde se garanticen las medidas preventivas pertinentes.

2. Distribución de agua gratuita en las discotecas.

3. Información a través de carteles y folletos sobre los riesgos del consumo de drogas de síntesis.

4. Análisis gratuito de pastillas.

5. Mayor vigilancia en los recintos para evitar la venta.

6. Creación de zonas "chillout" o de descanso, para los que se encuentren mal durante la fiesta.

7. Formación específica para el personal de seguridad de estas macrofiestas.

8. Mayor control y coordinación entre los distintos dispositivos de prevención que se establezcan, tanto en el ámbito de la intervención policial como sanitario o protección civil.

9. Mayor control de acceso a estos locales, cumpliéndose y cubriéndose lo previsto sobre el aforo autorizado.

10. Por último, se deben coordinar las distintas Administraciones Públicas para establecer los dispositivos preventivos que se consideren adecuados".